Informe Especial: El impacto de la prohibición de despidos y doble indemnización sobre las MiPyME

De acuerdo con los datos relevados por FOP, el 72% de las MiPyME se ve afectada negativamente por la normativa que establece la prohibición de despidos y la doble indemnización (ya sea por la dificultad de reestructurar, 38%, o por la dificultad de contratar, 34%).

Se observa también una mayor demanda de reestructuración asociada a firmas con mayor presencia de personal inactivo, también entre aquellas donde existe mayor capacidad ociosa. Desde el punto de vista sectorial, se observa que las MiPyME del sector manufacturero (43%) presentan mayores complicaciones en relación con la dificultad de reestructurar personal propio, mientras que el impacto negativo sobre la posibilidad de contratar nuevo personal está más difundido entre las MiPyME del sector del agro y los recursos naturales (41%).

Con cierta lógica, las relativamente menos afectadas por la normativa son las microempresas, compuestas básicamente por empresas unipersonales y monotributistas, es decir empleadores sin prácticamente personal inactivo. Las investigaciones de FOP muestran claramente que la crisis de la pandemia ha provocado fuertes y bien diferenciados efectos productivos entre las firmas de los distintos sectores, tamaños y regiones.

Algunas de las históricas brechas de productividad entre tamaños y sectores se han ampliado durante esta crisis. A la salida de la pandemia encontraremos, ya consolidadas, nuevas situaciones productivas que será necesario atender. Una política pública bien diseñada para enfrentar los problemas emergentes es bienvenida, pero es necesario definir con urgencia los instrumentos necesarios para dar sostenibilidad de largo plazo a la incipiente reactivación productiva en curso. La prohibición de despidos y la doble indemnización fueron un intento de sostener el empleo. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta de FOP, estas regulaciones constituyeron un incentivo negativo para las MiPyME.

Para dirimir la cuestión hace falta más investigación, pero lo que sí sabemos con seguridad es que la mejor protección para el trabajador es la generación de empleo. Permitir la reestructuración del personal para favorecer la necesaria reconfiguración de la economía argentina pospandemia, acompañada ésta por una política activa para el trabajo a través de la formación profesional, la disminución de la carga tributaria para las empresas más pequeñas y una incisiva política pública de financiamiento para capital de trabajo y equipamiento, parecen constituir la única alternativa posible.