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«Enfrentar la segunda ola con nuevos criterios de asignación de fondos públicos» Por Vicente N. Donato. Università di Bologna – Fundación Observatorio PyME

«Enfrentar la segunda ola con nuevos criterios de asignación de fondos públicos» Por Vicente N. Donato. Università di Bologna – Fundación Observatorio PyME

Enfrentar la segunda ola con nuevos criterios de asignación de fondos públicos

Por Vicente N. Donato*

Sorprende la capacidad de supervivencia de nuestras PyME. Actualmente, sin el efecto beneficio del ATP, más del 50% se sostiene con altos porcentajes de personal inactivo que promedian el 15% del total, además de contar con gastos extraordinarios de sanitización, traslado del personal y protocolo de organización productiva muy significativos.  

Pero las energías empresariales de supervivencia podrían estar agotándose. Habrá que estar atentos a la evolución de esta estadística porque, a pesar de que la actividad económica muestra signos de recuperación, aún hoy la mitad de las empresas más pequeñas no logró recuperar el nivel pre-pandemia y, sobre esta base de debilidad del segmento, deberán enfrentar la segunda ola del COVID-19. Las estadísticas de FOP muestran que el nivel de producción de las empresas menores en su conjunto se sitúa hoy 9% por debajo del nivel pre-pandemia. 

La dispersión de situaciones es grande y habrá que considerarlas para optimizar la eficacia y la eficiencia de la aplicación de los recursos públicos para enfrentar los próximos meses. La Región AMBA se encuentra muy afectada por la alta proporción de personal inactivo: sólo el 40% de las PyME acredita que el total de su personal se encuentra en actividad. A nivel nacional los dos sectores con mayor proporción de personal inactivo son la industria manufacturera y la industria de la construcción, mientras que el sector agro-recursos naturales -por sus propias características productivas y por estar listado entre las actividades esenciales- es el menos afectado. La proporción de personal inactivo es mucho mayor en las PyME medianas y medianas-grandes, que en entre las microempresas, donde la informalidad y la precariedad de las relaciones laborales es mucho mayor. Por último, el grado de operatividad de las empresas, estrechamente relacionado con la evolución de la producción, es muy diferente por región, sector y dimensión. En fin, una variedad de realidades que requieren especial atención si se quiere preservar la vida de las empresas y la continuidad de las relaciones laborales. 

En este escenario de gran diferenciación de situaciones reales, el criterio de asignación del REPRO II sólo en base a la caída del facturado no resulta suficiente para sostener la actividad de las firmas. Existen empresas al borde de la supervivencia que, aun no sufriendo una del caída 20% de su facturación, están sosteniendo altos costos derivados de la situación de riesgo de su personal que excede su propia responsabilidad.  

Es evidente que la masividad y el excelente alcance del ATP puesto en vigencia en abril de 2020 -con más del 50% de las empresas que accedieron al programa, igualando así los estándares de acceso a los subsidios con el de los países de altos ingresos y diferenciándose de los países de menores ingresos donde el acceso alcanzó sólo al 10% de las empresas- no podrá ser extendido al 2021 para atender el actual rebrote del COVID. 

Por esta razón, el criterio para la asignación de recursos fiscales escasos a través del REPRO II debería ser enriquecido con nuevos parámetros regionales, sectoriales y dimensionales. En esta situación de emergencia por el rebrote del COVID, situaciones especialmente gravosas, deben poder ser atendidas con nuevas medidas de emergencias a través de diferimientos fiscales bien diseñados. 

La escasez de recursos fiscales, en un escenario delicado de negociación con el FMI, obliga a abandonar los enfoques más simples y probar con una rigurosa focalización de la intervención pública basada en datos precisos y sin perder de vista el objetivo de sostener la continuidad de la actividad empresarial y, a través de ella, el empleo. 

El Estado cuenta y/o puede producir la información técnica necesaria para la correcta aplicación de rigurosos criterios de incentivos fiscales que puedan prevenir a tiempo una debacle de la demografía empresarial superior a la observada durante 2020. Somos un país con un número anómalamente bajo de empresas. El Estado tiene que cuidar las pocas que van quedando. Sin empresas no hay futuro.

 

*PhD. en Economía Industrial, Universitá di Bologna, Italia. Miembro del Dpto. de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitá di Bologna, Italia. Magister en Desarrollo Económico, ISVE, Italia. Posgrado de Teoría Económica, Instituto Torcuato Di Tella. Lic. en Economía, Universidad de Buenos Aires (UBA).